Representantes de UPTA Aragón se reúnen con Luisa Fernanda Rudi (PP)

En un desayuno de trabajo llevado a cabo en un céntrico hotel de Zaragoza

Los miembros de la Comisión Ejecutiva de UPTA Aragón con su secretario general al frente, Álvaro Bajén, y los representantes de las sectoriales de Comercio, Construcción, Transporte, Hostelería y Profesionales de la organización, han mantenido una reunión con la presidenta del Partido Popular de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el transcurso de un desayuno de trabajo llevado a cabo en un céntrico hotel de la capital aragonesa.

Rudi ha querido conocer las propuestas que tiene la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA) para sacar de la crisis a este importante sector económico de la Comunidad.

Para Bajén, la situación de crisis que se padece está siendo especialmente grave en el ámbito del Trabajo Autónomo por lo que son necesarias medidas urgentes e inminentes sobre todo en materias de financiación, I+D+i y formación;

como cuarto pilar, ha apuntado que también se hace necesario la creación de "fórmulas de cooperación entre autónomos, como las cooperativas de capital variable que ya existen en Francia"; en opinión de Bajén "las fórmulas de agrupación económica, lo que viene a ser la actividad interempresarial es la gran desconocida entre los propios trabajadores autónomos", y así se lo ha hecho saber a la presidenta del PP.

Por su parte, los representantes de las diversas sectoriales de UPTA Aragón, han expuesto los principales problemas y reivindicaciones de sus respectivos sectores.

Como cierre del desayuno, UPTA Aragón ha hecho entrega a Rudi del Plan Integral para Profesionales y Trabajadores autónomos en Aragón (6 tomos que incluyen análisis y diagnósticos generales y de los diferentes sectores económicos)y

y de la propuesta de regulación de una Ley de Trabajo Autónomo en Aragón (presentada en enero del año pasado) donde se prevé el desarrollo de normativa sectorial en nuestra Comunidad y la creación del Consejo Autonómico del Trabajo Autónomo, entre otras cuestiones.

Rudi, que ha mostrado su interés en todo momento, ha recogido los trabajos al objeto de proceder a su estudio con la finalidad de mantener ulteriores reuniones.

Uno de los momentos de la entrega de los documentos

Fuente: Ana J. Abril.- Autónomos Digital

Protección de datos de carácter personal (LOPD)

En vigor desde 1999, la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) impone una serie de obligaciones legales a las personas físicas o jurídicas que posean ficheros de carácter personal. También desde 1999 se establece la obligación a las empresas de poner en marcha diversas medidas destinadas a garantizar la protección de dichos datos, afectando a sistemas informáticos, archivos de soportes de almacenamiento, etc.

La LOPD establece distintos niveles de seguridad en función de los datos personales guardados:

Nivel Básico
Nombre, apellidos, direcciones de contacto (físicas y/o electrónicas), teléfonos (fijos y/o móviles)

Nivel Medio
Comisión infracciones penales, comisión infracciones administrativas, información de Hacienda Pública, información de servicios financieros

Nivel Alto
Ideología, religión, creencias, origen racial, salud, vida

La gran mayoría de empresas guarda datos de sus clientes, proveedores, empleados… de forma que están sujetos al cumplimiento de la LOPD.

La LOPD dicta una serie de obligaciones (inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos, redacción de documentos de seguridad, etc.) que, por desconocimiento, muy pocas empresas cumplen.

El desconocimiento de la ley no exime de ella. Disponer de datos de otras personas físicas o jurídicas conlleva una serie de obligaciones legales.

En Dataprotección Consultores le proporcionaremos el asesoramiento necesario para que cumpla con todos los requisitos exigidos por la LOPD, facilitándole la regularización de sus archivos conforme a lo previsto por la Ley.

• El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear multas de más de 600.000 €. La Agencia de Protección de datos se autofinancia con las sanciones que impone

MANUAL DE RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA JÓVENES Y SUS FAMILIAS EDITADO EN 2008 POR LA A.E.P.D.

FUENTE:
http://www.dataproteccion.com/

OTRAS FUENTES:
https://www.agpd.es
http://www.prodat.es/
http://www.unizar.es/protecciondedatos/normativalegal/rd_994_1999_completa.html?menu=normativalegal

LA TRAMPA (II)

No deja de ser curioso que los que no hemos creado la crisis actual seamos los que recibamos el castigo y los que lo han creado reciban el premio.

Imagínense que el Gobierno nos tratara a los autónomos igual que a la Banca. Estaríamos hablando de un fondo de rescate para todos los autónomos con problemas dotado con 9.000 millones de euros que podría endeudarse hasta 99.000 millones. Se trataría de paliar problemas importantes: luchar contra la falta de solvencia, sobrevenida por la elevada morosidad que esta sufriendo el sector. Sin la solvencia suficiente, no se puede operar con normalidad y no se pueden recibir créditos. Los autónomos podríamos aumentar más de un 2% al VAB de nuestro país.

Sin embargo, todo esto va a ser dado a las entidades financieras.

Por muy sesudos y estudiosos que seamos los responsables del movimiento de autónomos si no se nos dan estas facilidades poco podemos hacer.

No deja de ser curioso que los que no hemos creado la crisis actual seamos los que recibamos el castigo y los que lo han creado reciban el premio.

Es el mundo al revés. El gobernador del Banco de España nada dice y no se opone a este dispendio que el Gobierno va hacer con las entidades financieras. Opina, en su libro "La competencia" que las intervenciones del Estado en contra de la competencia son muy perjudiciales para el crecimiento económico; sin embargo, entorno a esta intervención del Estado no se pronuncia. Y fíjense ustedes que las entidades financieras son un poder tal que condiciona todos los mercados. Ahora va a resultar de interés nacional proteger a los poderosos.

Puede que ello sea cierto, más nos tendrían que explicar con qué razones jurídicas.

Lo que le preocupa al Sr. Fernández Ordoñez es la cantidad de cajas pequeñas que hay y la necesaria reestructuración. Lo que me preocupa a mí es que aprovechándose de la crisis se pretenda con fondos públicos privatizar las cajas y con ello perder fuentes de financiación local.

Si invertimos en trabajo para los seres humanos estos nos responderán con creación de riqueza, si invertimos en sostener el modelo económico actual, el trabajo queda relegado a una mera mercancía.

Para nosotros es imprescindible que el Gobierno cree un Fondo Especial para el mantenimiento del trabajo autónomo en nuestro País, fondo que permitiría el mantenimiento y la renovación de nuestros negocios, la creación de empleo y riqueza. Serviría para la apertura de la concesión crediticia, con protocolos de concesión especiales y tramitados por las Cajas de Ahorro, esas que ahora están en el punto de mira de algún poderoso.

Fuente: Álvaro Bajén.- Secretario General UPTA Aragón.- Abogado

UPTA, satisfecha por la decisión del Parlamento de tomar en consideración una propuesta de CiU para modificar la Ley de Morosidad

En la actualidad existen retrasos de hasta doscientos días en el pago de facturas en algunos sectores

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha recibido con satisfacción el acuerdo adoptado por unanimidad en el Congreso de los Diputados de tomar en consideración una propuesta de Convergencia i Unió para modificar la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Esta decisión complementa los acuerdos adoptados el pasado día 5 de mayo entre las principales organizaciones de autónomos y el Gobierno, por el cual se establecía el compromiso de trasladar a la legislación española la directiva europea para reducir la morosidad en el conjunto de los países miembros.

En la actualidad las operaciones comerciales, en las que las pequeñas empresas y autónomos venden bienes o realizan servicios para grandes empresas o centros de distribución, están conociendo una fuerte morosidad, que llega hasta periodos superiores a cien o ciento cincuenta días, en especial en el sector alimentario o en la construcción.

Por otra parte, las Administraciones Publicas, particularmente la local, están retrasando gravemente el pago de las certificaciones.

UPTA considera conveniente que el nuevo texto legal refuerce el plazo máximo de pago de sesenta días en operaciones comerciales y de treinta días con las Administraciones Públicas, limitando la capacidad de las partes para pactar plazos diferentes sólo en supuestos muy especiales, ya que siempre es la parte más fuerte la que tiene más posibilidades de condicionar estos pactos "relativamente voluntarios" en algunos casos.

Fuente: Comunicación UPTA