Shock 2008. Crisis económica española I
El paquete de medidas económicas presentado por el Presidente del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados puede significar sin duda un buen impulso a determinados sectores de la actividad económica, representa un adecuado avance en el funcionamiento del mercado y sobre todo significa una importante inyección de liquidez al sistema, particularmente al financiero y al de la construcción. En este sentido, y como parte de la economía real de nuestro país, el trabajo autónomo podrá verse beneficiado de este nuevo impulso para el mantenimiento de la actividad económica.
Sin embargo, la propuesta carece de medidas pensadas para las especificidades del trabajo autónomo. En su conjunto, las actuaciones de mayor calado están diseñadas en términos de ayuda a las medianas empresas, cuando no en exclusiva a las de mayor dimensión, desconociendo, una vez más, el papel fundamental que juegan las personas físicas que ejercen actividades económicas que son más del 60% de toda la estructura empresarial española. Además, algunas de las normas que se anuncian, según sea su aplicación y desarrollo, podrían afectar negativamente los intereses de este colectivo.
Las valoraciones particulares de algunos de sus apartados serían para UPTA las siguientes:
- El incremento financiero de ayudas a las Pymes por parte del ICO no incluye la creación de nuevas líneas, solicitadas desde hace tiempo, dirigidas a las empresas individuales que tienen necesidades particulares. Deberían incorporarse al menos respuestas a las siguientes necesidades.
- Líneas de avales para cubrir necesidades de tesorería para descuentos financieros y para restablecer la liquidez en los casos de microempresas afectadas por procedimientos concursales.
- Modificación sustancial del sistema de microcréditos que debe incorporar ayudas en concepto de asistencia técnica y acompañamiento.
- Extender la línea de apoyo a las promotoras inmobiliarias para que puedan acogerse las empresas subcontratadas en el proceso constructivo.
- Creación de un Fondo de reaseguros para impagos.
- Los planes Renove para rehabilitación de edificios y hoteles son sin duda dos de las propuestas más interesantes del Plan, puesto que compensan el poco trabajo que para los autónomos de la construcción ofrece el incentivo de las obras públicas y de las infraestructuras, sin embargo consideramos que deberían incorporarse al menos las siguientes medidas:
- Promoción fiscal de las obras de rehabilitación de viviendas particulares, aunque no estén integradas en rehabilitaciones generales de edificios, en particular cuando dicha actuación tenga por finalidad el alquiler de las mismas.
- Ayudas directas y promoción fiscal para la rehabilitación y reforma de locales comerciales y oficinas para actividades profesionales, en especial cuando estas actuaciones estén dirigidas al alquiler de los locales para nuevas actividades económicas.
- Fomento de la instalación de accesos a energías renovables en las viviendas y locales comerciales.
- IVA superreducido en la construcción local.
- Por otra parte, la rehabilitación de hoteles tiene que contemplar las actuaciones para la todavía amplia red de hostales y pensiones de carácter familiar, asegurando que la gestión de esta medida no quede en manos de las patronales turísticas. Asimismo, sería imprescindible incorporar en estos beneficios a la red de alojamientos rurales que lleven un periodo mínimo de explotación. Tampoco debe quedar fuera de esta medida el resto del sector de la hostelería y la restauración, que tiene que mejorar su competitividad en la oferta turística.
- Medidas fiscales. Sin duda el anuncio más esperado es el que corresponde al adelanto con carácter mensual de las devoluciones por IVA soportado. Esta será una medida que va a beneficiar a todas las empresas y, en particular, a los autónomos.
Sin embargo, no se abordan propuestas que mejoren la presión fiscal de las personas físicas que declaran por rendimientos de actividades económicas y profesionales y con ello se pierde una buena oportunidad de anunciar reformas para este sistema de declaración. Tiene que establecerse un compromiso para abordar modificaciones que actualicen los modelos de declaración objetiva y asegurar la homologación en los conceptos de gasto deducible con respecto al impuesto de sociedades en las declaraciones realizadas por estimación directa.
Mientras se avanza en esta dirección debe comprometerse el Gobierno a congelar los actuales módulos objetivos y evitar actuaciones inspectoras sólo justificadas por el objetivo de obligar a determinados colectivos a modificar su epígrafe, con el único fin de expulsarles del sistema simplificado de carácter objetivo.
- Reconversión del transporte de mercancías. Se avanza en el Plan el dibujo de una serie de medidas hacia el futuro para un sector que sin duda necesita de una profunda transformación, pero se hace caso omiso de la situación actual de un colectivo que sufre de manera directa las consecuencias del drástico incremento de los precios de los carburantes y que viene exigiendo medidas inmediatas que mejoren su precaria situación Sería necesario contemplar algunas actuaciones complementarias a las incorporadas en el acuerdo firmado por el Ministerio de Fomento con las grandes empresas de flotas, como las siguientes:
- Eliminación del céntimo sanitario para el gasóleo profesional.
- Extensión de la cláusula de actualización inmediata de los contratos de acuerdo a los costes del carburante a las subcontratas de servicios de transporte que deberán establecerse siempre por escrito.
- Mejora de las ayudas directas para el abandono de la actividad, aplicación de la jubilación anticipada y Plan de Recolocación para los autónomos del transporte.
- Aplicación inmediata de la Directiva Europea 2000/35/CE sobre plazos de pago y morosidad, estableciendo como periodo de referencia los 30 días.
- Ordenación de los Acuerdos de Interés Profesional entre los autónomos dependientes del sector y las empresas de carga fraccionada.
- Hoja de ruta para la reforma de la formación profesional. Teniendo en cuenta que la reforma del sistema de formación profesional ha sido modificado muy recientemente no resulta fácil entender cuál es el objetivo de esta nueva reforma, en todo caso, si se aborda de nuevo debería, al menos, tenerse en cuenta los siguientes objetivos:
- Abordar con carácter inmediato el establecimiento de nuevas cualificaciones profesionales, eliminando los obstáculos actualmente existentes, que retrasan en años su promulgación por causas que habitualmente responden a la descoordinación entre departamentos ministeriales.
- Articular el derecho de acceso de los trabajadores autónomos a la formación sectorial actualmente vedada en los planes de oferta formativa específica.
- Reformulación del sistema de acceso a la formación financiado con cargo a la compensación de cuotas de formación profesional, para asegurar los derechos de las más pequeñas empresas.
- Transposición de la Directiva de Servicios y marco normativo de las actividades profesionales. Sin duda, la nueva Directiva de Servicios debe aplicarse en la legislación española y puede resultar ampliamente positiva para la liberalización de determinados mercados, pero nos tememos que el contenido del concepto “transposición ambiciosa” pueda significar una desregulación acelerada y no negociada en determinados sectores propios de la actividad autónoma, como es el caso del taxi, agentes comerciales, de seguros, etc. El Gobierno debe exponer con más detalle sus objetivos en este marco y especialmente convocar a los sectores afectados para una aplicación dialogada.
Sin embargo, encontramos mucho más templados los compromisos con respecto a la actividad controlada por determinados Colegios Profesionales que ejercen un cuasi monopolio en el ejercicio de determinadas actividades profesionales.
Sería en todo caso más urgente afrontar una real liberalización de sectores básicos como el de la distribución energética al consumo.
- Medidas de austeridad. Si bien no tiene una gran trascendencia presupuestaria, nos parecen oportunos los acuerdos dirigidos a limitar el gasto público, en especial por lo que se refiere a los ingresos de altos cargos. Sin embargo, las reducciones que se proponen en gasto corriente deben ser explicadas con más detalle ya que su valor dependerá de las prioridades que se establezcan y las materias elegibles.
