AUTÓNOMOS Y FINANCIACIÓN.-

ARTÍCULO DE OPINIÓN por ÁLVARO BAJÉN, Secretario General de UPTA Aragón.-

Los datos en el mes de octubre del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos son elocuentes: el nivel de activos se ha reducido en más de 16.000 personas, es el segundo peor dato mensual después del de agosto, en más de quince años de series históricas mensuales. La reducción desde diciembre de 2007 es de 35.217. En Aragón las cifras son igualmente alarmantes, el número de afiliados es de 115.328 habiendo perdido 2.377 activos.

A UPTA nos preocupa esta situación puesto que es un colectivo muy amplio que no tiene ningún tipo de cobertura por pérdida de actividad y que está dejando de pagar cuotas con pérdidas de derechos futuros aún en los casos de larga trayectoria de cotización. Es preciso provocar un giro brusco a esta tendencia en nuestra Comunidad Autónoma. Dentro del Plan Integral para el Trabajo Autónomo, que venimos proponiendo, una línea básica es el apoyo financiero para los autónomos. Es necesario inyectar dinero público para que los autónomos y pequeños empresarios podamos ofrecer las suficientes garantías para que nos concedan crédito.

Los autónomos observamos atónitos como se nos cierran los descuentos comerciales, pese haber trabajo años con el banco, al parecer por no ofrecer las suficientes garantías. Somos el colectivo con mayores dificultades de acceso al crédito a pesar de que podamos demostrar nuestros ingresos, se nos exige mayor solvencia. No existen protocolos específicos en la banca para la valoración de nuestros activos (no tenemos capital social, desarrollamos nuestra actividad solos, y el sistema automatizado de cálculo de riesgo nos castiga).

Una posible salida es la microfinanciación, pero para la banca los costes de valoración y análisis de riesgo son muy altos. En Europa la microfinanciación se canaliza a través de organizaciones privadas (Association pour le Droit à l´Initiative Economique (ADIE) en Francia y Prince´s Trust en el Reino Unido. En España, se considera residual (claro error) y se canaliza a través de las fundaciones de los bancos.

En nuestra Comunidad esto tiene que cambiar es necesaria una profunda transformación creando una línea de microfinanciación, gestionada directamente por la Administración, con el apoyo de las entidades financieras y las asociaciones intersectoriales de autónomos, dado que es necesario el acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica. Estos costes deberían afrontarse por parte de la Banca y la Comunidad Autónoma.

En este sentido hay que prever que en el 2009 gran cantidad de autónomos ante la situación económica van a crear fórmulas de autoempleo. El trabajo va a ser escaso y presumiblemente van a repuntar los autónomos, así pasó en las crisis anteriores. El Estado y nuestra Comunidad deben de ponerse de acuerdo en los fines: especialmente en el desempleo, se hace necesario crear instrumentos financieros, coordinando y uniendo esfuerzos.

La DGA debe de dotar partidas específicas para la financiación y el ofrecimiento de garantías del autónomo. Hay que estudiar préstamos pequeños con reavales ofrecidos por las Sociedades de Garantía Recíproca, Comunidad Autónoma y CERSA (Compañía Española de Refinanciamiento). Pero igualmente hay que crear, conjuntamente con asociaciones intersectoriales de autónomos, bancos y CCAA, entes mixtos que permitan contar con técnicos adecuados para que se puedan valorar las inversiones, planes de negocio, acompañamiento y propiciar el consorcio de autónomos que ofrezcan garantías secundarias.

Por otro lado, en colaboración con el Ministerio de la Vivienda y el ICO, crear una línea de colaboración que podría denominarse ICO-Rehabilitación de locales y eficiencia energética. Línea que tendría por finalidad financiar la rehabilitación de locales comerciales susceptibles de ser explotados para el comercio, la hostelería u oficinas diversas. La financiación, en condiciones equivalentes a la línea de ICO- Emprendedores iría dirigida a los propietarios actuales, siempre que la rehabilitación tenga por finalidad su puesta a disposición en régimen de alquiler para terceros en las condiciones de precio que se establezcan, y a través de las agencias de alquiler públicas o colaboradoras. Esta línea financiera tendría por finalidad ayudar a los titulares que han abandonado su actividad para acceder a rentas complementarias, crear empleo en el sector de la construcción y en especial ofrecer locales de trabajo a los nuevos emprendedores en condiciones de precio aceptable y suficiente seguridad jurídica para ambas partes.

Por último, de manera excepcional y en un período de dos años, los autónomos podrán solicitar ayudas para circulante, siempre que estas operaciones estén basadas en descuentos comerciales con suficiente solvencia. Ayudaría mucho que el ICO se convirtiera en Banca Privada especializada en autónomos y microempresas.

Álvaro Bajén García.- Sº Gral. UPTA Aragón.-